Juan Guimerans, presentando el acto de los museos en el que intervinieron Leticia Ruiz, José Luis Casado Soto, Carmen de la Heras y Julio Polo (de izquierda a derecha). En la otra fotografía, aspecto del salón de actos de la ONCE con el numeroso público asistente.

El Foro Becedo se pregunta para qué sirven los museos

El segundo debate público convocado por el Foro Becedo desde su creación tuvo lugar en el Salón de Actos de la Fundación ONCE, dedicado a la incidencia de los museos en la sociedad. El panel de experimentados profesionales encargados de iniciar el intercambio de ideas estuvo compuesto por la conservadora del Museo del Prado, Leticia Ruiz; la presidenta de la asociación Amigos del Museo de Altamira, Carmen de las Heras y el de la Universidad de Cantabria Julio Polo; ejerció de moderador el director y fundador del Museo Marítimo del Cantábrico, José Luis Casado.

Leticia Ruiz basó su intervención sobre el concepto de los museos como servicio público, describiendo la enorme proyección social que los mismos pueden conseguir allí donde se les dota de los medios y personal apropiados para el correcto cumplimiento de sus fines. Llegó a afirmar que el estado en que se encuentran los museos de una sociedad es un indicador muy expresivo de la calidad de la comunidad a que pertenecen.

Julio Polo incidió sobre otros dos aspectos fundamentales entre los que justifican la existencia de los museos, el de su labor didáctica y, el menos conocido, de su condición de centros de investigación de primer orden. A pesar de que la legislación española no reconozca oficialmente su actuación en este campo, a diferencia de lo ocurre en países más desarrollados.

Carmen de las Heras también insistió en la notable función didáctica no reglada ejercida por los museos en la actualidad, mediante la que difunden conocimiento, de una manera grata y lúdica, entre amplias zonas de la sociedad. Asimismo dio a conocer la importancia que pueden tener las asociaciones de Amigos de los Museos para lograr un mayor y mejor aprovechamiento de los mismos. Hizo historia de tal movimiento asociativo y de su articulación en federaciones nacionales e internacionales.

En el subsiguiente debate abierto, no sólo se matizaron los hechos e ideas expuestos en el preámbulo, sino que fue cuando se plantearon temas más cercanos y comprometidos con la realidad de Cantabria. Uno de los tratados fue el de la confusión y equívocos que provoca la ausencia de categorización y ordenación que actualmente se da en la región, respecto a las entidades que se titulan “museo”, pues si bien esta Comunidad Autónoma cuenta con seis u ocho museos que, más o menos, merecen el nombre de tales, también hay algo más de dos decenas de entidades que usan la misma denominación sin contar con las colecciones, los servicios ni las plantillas de profesionales cualificados que para ello establecen los estándares exigidos por los organismos internacionales competentes.

También se planteó debate sobre el papel de eficaces intermediarios entre el museo y la sociedad que pueden desempeñar, y de hecho desempeñan en otros países, los voluntarios culturales. Aunque ello contraste llamativamente con el hecho de que la ley promulgada al respecto por el Parlamento de Cantabria, hace ya cuatro años, se haya visto frustrada por la oposición gremial a su puesta en marcha desencadenada por los guías culturales profesionales. No obstante, en otras naciones, sobre todo las septentrionales, se ha logrado superar con eficacia estos malentendidos, mediante la correcta dotación de las plantillas de los museos, tanto en número como en cualificación, a la vez que se definían con claridad los ámbitos de actuación de los voluntarios.

Si bien en Cantabria el Estatuto de Autonomía (1981) otorga a la región la competencia exclusiva sobre los museos que en ella existen, La Ley del Patrimonio Cultural (1998) compromete al Gobierno Regional a dotarlos de “medios humanos y materiales suficientes” y tenga promulgada una Ley de Museos de Cantabria (2001), parece que aquí, a diferencia de lo que viene ocurriendo en otras nacionalidades y regiones españolas, no se han llevado a cabo las acciones conducentes a ordenar y realizar de hecho lo establecido de derecho. En consecuencia con esta situación, quedaron muchas más preguntas formuladas a los poderes públicos de las que los preocupados ponentes y interesado público supieron responder.

¿Por qué sólo hay uno de los museos cántabros entre los más de doscientos que conforman el Sistema Español de Museos? ¿Por qué no existe en la región un Censo o Registro estructurado de sus museos, definido con claros criterios profesionales, ni una Red operativa, ni siquiera un Mapa de los museos de Cantabria, como los que hay en otras autonomías? ¿Por qué no se ha reunido ni una sola vez en 24 años de Autonomía a los responsables de los museos de Cantabria para planificar su acción concertada? ¿Por qué no existe un Plan Director de Infraestructuras Museísticas, integrado y en coherencia con el deseable Plan General de Infraestructura Cultural, asimismo inexistente? ¿Cuentan los museos de Cantabria con el personal y las dotaciones necesarias para llevar a cabo con solvencia su labor en los campos de la investigación, la conservación y la difusión cultural que les son propios?

Al final del debate, el sentir general pareció coincidir en la certidumbre de que, para que los museos puedan cumplir eficientemente las funciones que, en otros sitios más afortunados, tantos beneficios procuran a sus sociedades, es preciso que haya una clara y decidida voluntad política dedicada a sacarlos adelante, puesto que está más que comprobado el que la mera normativa legal al respecto resulta papel mojado en ausencia de tal voluntad.